Su finalidad principal es garantizar a los trabajadores, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en caso de accidente, enfermedad, jubilación, desempleo, orfandad, etc.
La Constitución Española, en el artículo 41, establece que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".
