Nos encontramos en un contexto donde se dan tres circunstancias principales:
1.- La esperanza de vida de la población ha aumentado gracias a la mejora de la calidad alimenticia y los avances médicos.
2.- El índice de natalidad ha disminuido considerablemente lo que hará que la población en edad de trabajar disminuya en el futuro.
3.- En la actual situación de crisis económica se ha producido una destrucción masiva de empleo por lo que un elevado número de personas han pasado de ser cotizantes a la Seguridad Social a perceptores de prestaciones de desempleo.
Dado que el sistema de pensiones se mantiene con las cotizaciones de las personas que están en activo, puede darse el caso, y de hecho se da, de que los beneficiarios de pensiones sean cada vez más y que las perciban durante más tiempo (porque viven más años), a la vez que el número de cotizantes, por una natalidad baja, sea cada vez menor, lo que a la larga hará insostenible el sistema.
Es preciso, pues, tomar medidas encaminadas a garantizar el cobro de las prestaciones a las generaciones de trabajadores actualmente en activo, pero estas medidas no deberían de pasar por un retraso en la edad de jubilación dado que esto ocasionaría otros trastornos importantes, el principal es que restringiría durante más años el acceso de los jóvenes al mercado laboral dado que los puestos de trabajo, que son limitados, estarían siendo ocupados por trabajadores de más edad.
Lo lógico sería llevar una política restrictiva de concesión de pensiones y un ajuste de los años de cotización necesarios para acceder a ellas. Hay un elevado número de altos cargos que con pocos años de actividad tienen derecho a pensiones vitalicias de cuantía elevada. Se ha llevado una política de concesión de pensiones no contributivas de marcado efecto social y político, pero que hay que revisar.
También es preciso incentivar políticas que favorezcan el incremento de la natalidad, con apoyo a las familias con hijos similares a los que existen en otros países europeos y que en España no se dan. 
Estas políticas han de completarse con otras que favorezcan una inmigración regulada y sostenible.
En nuestro país existe un porcentaje muy elevado de economía sumergida que no genera ingresos a Hacienda ni a la Seguridad Social. Es responsabilidad del Gobierno el control de estas bolsas de fraude con vistas a conseguir que todos coticen. Estas medidas hay que tomarlas aunque sean impopulares o tengan coste político, pues es de sobra conocido que hay muchos trabajadores que están cobrando prestaciones por desempleo y a la vez trabajando en la construcción, labores agrícolas, etc. con la colaboración lógica de los empresarios que los contratan. Estas actuaciones perjudican al sistema doblemente porque estos trabajadores están cobrando una prestación cuando deberían estar cotizando para que otros cobraran y, lo que no es menos preocupante, estas empresas compiten deslealmente con aquellas que tienen toda su documentación en regla .
